Este mes la provincia aprobó una ley para que el microtráfico sea perseguido y sancionado por la Policía y la Justicia local.

Un bagullo, un gullo, una piedra, un 25, un G, un raviol, un papel, una bolsa, un troquel, un dibu, una pepa. Así se vende, así se pide, entre otros muchos nombres de la jerga, una dosis de droga en San Luis. El narcomenudeo, la venta fraccionada de estupefacientes al consumidor final, se ha colado tanto en barrios de las grandes urbes como en localidades del interior y, según información del Ministerio de Seguridad puntano, es la causa del aumento de la violencia en otros hechos delictivos.

Desde el año próximo, la Policía y la Justicia provincial tendrán la facultad de perseguir ese delito puntual, que afecta especialmente a los jóvenes. Será gracias a un proyecto de adhesión a las leyes nacionales 23.737 y 26.052 que la Cámara de Diputados local aprobó y convirtió en ley el 7 de septiembre. Hasta ahora, ese delito sigue siendo de competencia Federal. Las opiniones sobre los beneficios que implica el traspaso de jurisdicción no hallan contradicción, pero lograrlos es un desafío enorme: desde que se sancionó la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes en 2005, las provincias que la han implementado han tenido problemas. Puntualmente, crecieron exponencialmente las cifras de causas por delitos como la tenencia simple en detrimento de las que investigan a los eslabones más altos del tráfico, los que producen, transportan, acopian y redistribuyen grandes cantidades de droga, tipificado como narcotráfico. Eso llevó a Nación a sancionar una nueva ley en 2019 que insta a las provincias que hayan adherido a la desfederalización a que sus fuerzas de seguridad local tengan diálogo permanente con las fuerzas federales. El objetivo es común: sacar las drogas de la calle.

El actual Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis se creó hace 38 años (el aniversario fue el miércoles). Hoy funciona como un auxiliar local de la Justicia Federal. Si alguna de sus brigadas o efectivos detectan o son notificados de alguna causa que involucre drogas, deben tomar intervención de oficio, pero tienen hasta 6 días para notificarle a alguno de los Juzgados federales en la provincia (hay dos) sobre sus actuaciones. Desde allí es un juez o fiscal Federal quien decide y autoriza detenciones, decomisos, allanamientos o poner en curso una investigación.

Para los miembros de las dos delegaciones que la Policía Federal tiene en San Luis (hay una en la capital y otra en Villa Mercedes) el procedimiento es el mismo.

Entre 2010 y 2019 el consumo de drogas en el país se duplicó, según datos del Sedronar.

Pero con la puesta en marcha de la desfederalización, que prevén implementar desde el 1º de enero de 2023, ese proceso cambiará: los federales dejarán de ocuparse del narcomenudeo, de los denominados kioscos de droga, que pasarán exclusivamente a la Policía provincial y quien girará las actuaciones de esas causas a alguno de los tres fueros de Lucha Contra el Narcomenudeo que van a crearse en San Luis tras una modificación en la Ley Orgánica de Administración de Justicia.

Será uno por cada circunscripción judicial y cada uno deberá contar, según la ley provincial, con tres jueces Penales integrantes del Foro de Jueces; dos fiscalías con atribución en etapa de instrucción y juicio, y una Defensoría Penal con atribución en etapa de instrucción y juicio. A pesar de la fecha fijada, el texto aclara que “la implementación se hará efectiva cuando exista designación de una estructura mínima de actuación”.

Esa estructura recibirá fondos a través de Créditos Presupuestarios de la Administración Pública Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de Justicia. Además, la Provincia también tendrá la facultad de destruir los estupefacientes incautados y de disponer de los bienes secuestrados a los procesados por venta de droga y que hayan sido adquiridos con las ganancias de ese negocio ilegal. Ese dinero se distribuirá de la siguiente manera: 50% para el Ministerio de Seguridad, 30% para el Ministerio de Salud y 20% para el Ministerio de Desarrollo Social locales para prevenir el tráfico y rehabilitar a los consumidores.

Una tarea difícil

Montar y poner en funcionamiento esa estructura es apenas una parte del desafío, porque el verdadero reto será no incurrir en los errores que la desfederalización tuvo en otras provincias. El más perjudicial y recurrente fue la falta de coordinación entre las policías y sistemas judiciales provinciales y federales, lo que entorpeció y hasta a veces truncó investigaciones de los eslabones más altos en la cadena del narcotráfico.

La lógica es la siguiente: el kiosco de droga es el último eslabón en un sistema de comercialización; en el otro extremo están los productores de estupefacientes y las grandes estructuras de lavado de dinero y, en medio, los que transportan y redistribuyen la mercancía a nivel regional.

Según datos de la Fiscalía Federal de San Luis, en la provincia no se produce ni se elabora droga, sino que se introduce desde Córdoba o Mendoza. Sí funciona como centro de acopio y logística para la redistribución en la región por su ubicación geográfica, y parte de esos cargamentos quedan en suelo puntano para ser comercializados a través de los centros de venta al menudeo.

Las denuncia de la vecina, el vecino, de padres o miembros de establecimientos educativos deben ser atendidas, pero anular o cerrar un kiosco de droga no puede ser un objetivo en sí mismo, opina el fiscal Federal Cristian Rachid, para quien no ascender en la cadena del tráfico seguramente tenga el mismo resultado: el proveedor de ese kiosco logrará cooptar a otra persona, generalmente en condiciones marginales, para establecer una nueva boca de expendio.

“El kiosco no puede ser un objetivo prioritario, tiene que ser puerta de entrada para acceder a quienes proveen ese kiosco, a quien lo maneja. ¿Cómo se hace esto? Una de las principales fuentes de información es precisamente lo que se obtiene de la investigación del kiosco. Entonces, si yo lo único que hago es allanar kioscos luego de una semana de investigación, tras ver que en ese kiosco le entregaron un bagullito a un comprador, nunca voy a obtener información”, explicó, y recordó el problema que las provincias desfederalizadas tuvieron antes de 2019 y aún sufren. “La Justicia Federal se vio desprovista de una de sus principales fuentes de información, que era la que surgía de la investigación de los kioscos. Por eso las investigaciones provinciales terminaban entorpeciendo las investigaciones federales, con un círculo vicioso que cortaba el hilo por lo más delgado. Solamente se incrementaban exponencialmente los números del narcomenudeo y los números del narcotráfico propiamente dicho bajaban”.

EDR

Por Prensa 1

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